A propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el Consejo de Ministros ha acordado en la sesión celebrada este viernes, elaborar un plan de "reordenación" de escoltas, para adaptar la dotación de estos efectivos a la nueva situación después del cese definitivo de ETA.

Actualmente en la plantilla de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hay cerca de 1.600 personas escoltadas con un coste anual de 160 millones de euros, un punto a tener en cuenta a la hora de aplicar la política de austeridad que tanto reclama el Gobierno. Además, el número de policías y guardias civiles dedicados a estas funciones de protección asciende a 2.650 efectivos.

Por el momento, el ministerio del Interior no ha detallado la reorganización propuesta pero ya ha habido líderes que se han adelantado y así el lehendakari vasco, Patxi López, ya anunció el pasado viernes la retirada de los escoltas de los viceconsejeros del Gobierno vasco. De este modo, sólo siguen recibiendo este servicio el lehendakari y los diez consejeros que componen el Gobierno vasco.

Al mismo tiempo, esta decisión no ha sido bien recogida por el PP vasco, que además ha criticado afirmando que "parece un anuncio publicitario más que de seguridad".

Sin embargo, es cierto que gran parte de la protección de personas amenazadas por ETA como ocurre en el caso de miembros de la judicatura, la política, concejales, empresarios, alcaldes y algunos periodistas, está siendo desempeñada por empresas de seguridad privada con cargo a la Secretaría de Estado de Interior, aunque en el caso del País vasco, parte del coste es asumido por el propio Gobierno vasco.